Una grave denuncia por presunto espionaje ilegal fue hecha pública por el ministro de Justicia en funciones, Andrés Idárraga, quien aseguró que un informe forense reveló que su celular fue intervenido sistemáticamente en más de 8.700 ocasiones entre agosto y noviembre del año pasado.
Según el funcionario, el análisis técnico arrojó la activación no autorizada del micrófono y cámara de su dispositivo, así como la extracción de alrededor de 2,3 gigabytes de información privada, dentro de los cuales habría datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía impulsando el Gobierno Nacional.
El caso, según Idárraga, no se limitaría a un ataque digital. Un informe de contrainteligencia al que tuvo acceso indicaría que el Ministerio de Defensa habría ordenado el uso de gastos reservados para realizar seguimientos en su contra y contra miembros de su familia, con el propósito de identificar las fuentes que facilitaron las investigaciones sobre presuntas irregularidades dentro del sector defensa.
“Se estaba estructurando una estrategia de descrédito debido a la información que iba recibiendo y documentando sobre diferentes actos de corrupción al interior de las fuerzas militares”.afirmó el Ministro de Justicia encargado en declaraciones recientes.
Idárraga confirmó que ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra personas indeterminadas y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se trata de un hecho de extrema gravedad que compromete garantías fundamentales.
Lea también: Puente de Reyes dejó dos muertos y seis heridos en vías de Antioquia tras movilidad masiva
Además, solicitó formalmente a la Contraloría General de la República que investigue el manejo de los gastos reservados del sector Defensa, a fin de establecer si estos recursos habrían sido utilizados para fines distintos a los autorizados por la ley.
El funcionario recordó que antes de asumir como Ministro de Justicia interino se desempeñó como Secretario de Transparencia de la Presidencia, cargo desde el que lideró investigaciones sobre posibles vínculos entre miembros del Ejército y grupos armados ilegales. Según indicó, a partir de ese momento se habría iniciado el presunto seguimiento ilegal.
Un informe forense realizado por una empresa internacional (contratada por el propio funcionario) concluyó que la infiltración se habría realizado mediante el software Pegasus, activado específicamente el 1 de noviembre a las 2:32 de la tarde, con al menos 124 activaciones ilegales de audio y video.
El caso continúa siendo verificado por las autoridades competentes y podría abrir uno de los capítulos más delicados sobre el uso indebido de herramientas de inteligencia estatal en Colombia en los últimos años.
Más noticias de Colombia
