La justicia administrativa de Bogotá ha tomado una contundente decisión contra el primer presidente de los colombianos. El Juzgado 24 Administrativo de la capital condenó al presidente Petro a pagar una multa cercana a los 26 millones de pesos, tras declarar que el jefe de Estado incurrió en desacato a una orden judicial anterior.
La sanción, firmada por el juez Yimi Alejandro Sánchez el 14 de abril, equivale a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes y deriva del incumplimiento de una tutela que le ordenaba retractarse de sus declaraciones contra Jaime Miguel González Montaño, exgerente de la EPS Coosalud.
El conflicto legal tiene su origen en un discurso presidencial pronunciado en julio de 2025, donde el mandatario calificó a González Montaño de “bandido” y aseguró que le habían “robado el dinero” a la cooperativa de salud.
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Aunque el tribunal hizo firme la orden de rectificación desde enero de este año, al considerar que se vulneraban los derechos fundamentales al buen nombre y al honor, el presidente se ha negado sistemáticamente a presentar excusas públicas.
Para el despacho judicial, esta conducta constituye un claro desacato a la sentencia originalmente pronunciada en noviembre del año pasado, desconociendo el mandato de abstenerse de emitir declaraciones públicas contra el exgerente.
Lejos de cumplir con la multa y la orden de silencio, el presidente Petro reaccionó a través de sus redes sociales manteniendo su postura desafiante ante la justicia.
“Puedes arruinarme con multas y cárcel, si quieres, pero no me quedaré callado ante el robo de mi salud”afirmó el presidente, reafirmando sus acusaciones de corrupción contra la directiva de Coosalud.
Mientras la Presidencia intenta agotar los recursos legales para anular la sanción, el fallo judicial sigue siendo un precedente sobre los límites de la libertad de expresión del jefe de Estado y el respeto al honor de los ciudadanos en medio de los debates sobre la gestión de los recursos públicos en Colombia.
No tengo nada que recuperar.
Irregularidades en la EPS Coosalud deben ser investigadas penalmente. Un banco tomó 221.000 millones del tesoro transferido por el gobierno para la salud de los integrantes de esa EPS, que el directivo había depositado irregularmente como fianza, y… https://t.co/fBDdlmIZt9
—Gustavo Petro (@petrogustavo) 8 de diciembre de 2024
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