La Fiscalía General de la República presentó formalmente la acusación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, llamándolo oficialmente a juicio por el delito de tráfico de influencias en calidad de servidor público.
El proceso penal se centra en las presuntas irregularidades que rodearon la adquisición del departamento 901 del edificio Entre Parques, ubicado en el norte de Bogotá, una transacción comercial que, según los investigadores, habría servido como fachada para un intercambio de favores e intereses particulares que involucran recursos del sector energético nacional.
La prueba material recabada por la entidad acusadora señala que el administrador adquirió el inmueble por un valor de $1.800 millones, a pesar de que su costo comercial real en el mercado fue valuado en $2.727 millones.
Esta transacción representó una reducción cercana al 34%, equivalente a un beneficio económico de aproximadamente $927 millones.
Según el expediente de la fiscalía delegada, el intermediario y garante del millonario descuento en cuotas y sin intereses fue el empresario Juan Guillermo Mancera, coronel retirado del Ejército con quien el alto funcionario mantuvo una estrecha relación antes de asumir la dirección de la petrolera estatal.
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La hipótesis del caso sostiene que, una vez posicionado en su posición como máxima autoridad ejecutiva del grupo empresarial, Roa habría utilizado indebidamente su posición dominante para premiar el beneficio económico recibido en el negocio inmobiliario.
La Fiscalía detalló que, entre agosto de 2024 y enero de 2025, los imputados ejercieron presiones indebidas y dieron instrucciones directas a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol -subsidiaria de Ecopetrol-, con el objetivo de dirigir de manera irregular el proyecto de regasificación de GNL Chuchupa-Ballena, ubicado en La Guajira, hacia la firma Gaxi ESP SAS, propiedad de Mancera.
Durante las audiencias preliminares, el presidente de la petrolera estatal se declaró inocente de las conductas imputadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Por su parte, la defensa técnica calificó de confusas las acusaciones y cuestionó los argumentos que vinculan la compra de propiedad privada con conductas punibles.
Pese a la gravedad del llamado a juicio, el ente investigador se abstuvo de solicitar medida de seguridad privativa de libertad, por lo que Roa Barragán afrontará en libertad las siguientes etapas del proceso judicial, mientras el Centro de Servicios Judiciales define la fecha de la audiencia de sustento de la acusación.
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