La exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se encuentra en medio de un fuerte señalamiento relacionado con un escándalo de corrupción que tiene lugar en Italia. La Fiscalía de Nápoles está llevando a cabo una investigación sobre la presunta mediación de varios empresarios y funcionarios italianos en la adquisición de aviones y submarinos por parte del Gobierno colombiano. En medio de esta investigación, se menciona el nombre de Marta Lucía Ramírez, lo que ha generado una discusión con el presidente Gustavo Petro. En este artículo, exploraremos los detalles del caso y las respuestas de los involucrados.
El escándalo y las acusaciones:
La investigación de la Fiscalía de Nápoles señala que varios empresarios italianos, entre ellos Massimo D’Alema, ex primer ministro italiano, Alessandro Profumo, director de la compañía Leonardo S.p.A., y Giuseppe Giordo, exdirector de Fincantieri, habrían propuesto un acuerdo por 4.000 millones de euros para suministrar aviones y submarinos militares a Colombia. Según el diario Corriere della Sera, se investiga el presunto ofrecimiento de una comisión de 40 millones de euros, la mitad de la cual se esperaba que fuera para el lado colombiano.
En este contexto, Marta Lucía Ramírez es mencionada en la investigación como una de las personas involucradas en el proceso. Sin embargo, la exvicepresidenta ha negado cualquier participación en las compras de equipo militar y ha calificado las acusaciones en su contra como una «cortina de humo» para distraer la atención de otro escándalo que afecta al gobierno de Gustavo Petro, relacionado con presuntas interceptaciones ilegales.
Las reacciones de los implicados:
El presidente Gustavo Petro ha exigido que se lleve a cabo una investigación en Colombia sobre el presunto escándalo de corrupción. A través de su cuenta de Twitter, Petro afirmó que se iban a distribuir 80 millones de dólares en sobornos por la compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del gobierno anterior.
Por su parte, Marta Lucía Ramírez ha defendido su inocencia y ha enfatizado que no tenía funciones relacionadas con la compra de equipo militar durante su tiempo como vicepresidenta y canciller. También ha destacado que la embajada de Colombia fue la encargada de manejar el tema con los ministerios de Defensa de ambos países.
El papel de Massimo D’Alema:
D’Alema, quien ya no ocupaba cargos públicos en el momento de los hechos, ha admitido haber intervenido en la negociación. Según informes, se presentó como agente intermediario de las empresas proveedoras de los vehículos en un bufete de abogados en Miami, donde se discutirían las comisiones y los mecanismos de transacción. Se menciona su experiencia política como un factor que lo llevó a involucrarse en este encargo.
