Una polémica imagen que muestra a alcaldes de municipios afectados por las inundaciones en Córdoba sentados en el suelo, esperando ser atendidos por el presidente Gustavo Petro durante el consejo de ministros realizado en Montería, desató una fuerte polémica por el trato dado a los dirigentes locales en plena emergencia invernal.
Los alcaldes de Canalete, Cotorra, Tierralta, Lorica, Moñitos, Puerto Libertador, Puerto Escondido y Ciénaga de Oro permanecieron durante horas afuera del recinto a la espera de ingresar al concejo para exponer la crítica situación de sus territorios, que deja más de 150.000 damnificados.
Si bien el consejo de ministros estaba previsto que comenzara a las 19.00 horas, como se anunció en las redes oficiales de Presidencia, el jefe de Estado llegó unas dos horas después, alrededor de las 21.00 horas.
Durante ese tiempo, y debido a los protocolos de seguridad del lugar, no había sillas disponibles, por lo que varios intendentes terminaron sentados en el piso.
La reunión se sostuvo únicamente con el gabinete ministerial, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y el intendente de Montería, Hugo Kerguelen. Los demás dirigentes locales, cuyos municipios se encuentran entre los más afectados por las lluvias, no pudieron entablar un diálogo con el presidente.
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Luego de la publicación de las imágenes en redes sociales y la polémica generada, el presidente Petro se pronunció: «No, no, esto es un consejo de ministros. Tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta, ni haciendo manifestaciones», expresó, rechazando las acusaciones de supuesta exclusión deliberada.
El jefe de Estado agregó que los alcaldes tendrán espacios de intervención, pero bajo una metodología específica. “Aquí vendrán los intendentes a hablar, pero por zonas” explicó, argumentando que los efectos no son homogéneos y requieren enfoques diferenciados.
Sin embargo, las críticas continúan. Según algunas autoridades locales, el presidente tampoco propuso soluciones concretas para atender a los afectados. Entre sus anuncios estuvo el pedido a la Corte Constitucional para que levante la suspensión provisional del decreto de emergencia económica ante lo que calificó como un “hecho sobreviniente”.
La petición fue presentada el lunes 9 de febrero, argumentando que desde la suspensión del decreto, el 29 de enero, surgieron nuevos hechos, graves y sobrevinientes, que cambiarían sustancialmente la realidad que vive el país.
La polémica se suma a los interrogantes sobre la gestión de la emergencia invernal, que deja al menos 18 personas muertas, más de 9.000 viviendas destruidas y cerca de 48.000 familias afectadas en Córdoba, Sucre, Bolívar y la región de Urabá.
Foto tomada de las redes sociales.
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