La Procuraduría General de la República reveló una red de corrupción que utilizó la figura del esquema asociativo municipal para dirigir contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de irregularidades en su ejecución y apropiación de dinero público.
En investigaciones realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Arauca (Arauca), Barranquilla (Atlántico) y Cantagallo (Bolívar) fueron capturados nueve de los responsables de las actividades delictivas. Estos son el creador, los representantes legales, los coordinadores de planificación y finanzas, y el tesorero de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).
Estas personas se habrían articulado para que Aremca fuera designada como ejecutora de regalías por parte de alcaldes y gobernaciones. Una vez que recibieron la garantía, al parecer dirigieron 101 proyectos por un monto superior a los 496.000 millones de pesos. Estos procesos estuvieron destinados a desarrollar obras civiles, auditorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agropecuarios y alimentarios, entre otros, en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.
La prueba material indica que la contratación violó los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva. Asimismo, dan cuenta de la posible malversación de recursos de regalías por 3.200 millones de pesos en iniciativas que debieron realizarse en Arauca.
Durante el transcurso de la investigación, también se conoció que Aremca supuestamente dejó de retener 14.000 millones de pesos que correspondían a la contribución especial para obras públicas, impuesto que incluye un aporte del 5% del valor total de los contratos firmados con entidades estatales para financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Las personas capturadas, quienes estarían involucradas en esta red criminal, fueron identificadas como Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán German, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.
Un fiscal de la Dirección Especial contra la Corrupción los presentará ante un juez de control de garantías y los imputará, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricación por acción, prevaricación por omisión, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.
Esta acción judicial forma parte de los casos priorizados por el Grupo de Trabajo Especial creado para identificar y procesar a los involucrados en actos de corrupción que comprometan recursos del Sistema General de Regalías (SGR), que está integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y otras dependencias de la entidad.
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