El Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín admitió una acción de protección interpuesta contra el presidente Gustavo Petro y decretó una medida provisional que le ordena abstenerse de utilizar recursos, espacios y herramientas asociados a su cargo para intervenir en la actual campaña presidencial.
La decisión fue adoptada mientras se analiza a fondo el amparo interpuesto por un ciudadano que cuestiona la supuesta participación del presidente en asuntos electorales.
Según el despacho judicial, la medida busca evitar posibles afectaciones a las garantías de igualdad entre candidatos y proteger la transparencia del proceso democrático.
La orden establece que Gustavo Petro no podrá utilizar activos, canales institucionales, plataformas oficiales o escenarios relacionados con el ejercicio de la Presidencia para difundir mensajes que favorezcan o perjudiquen, directa o indirectamente, a cualquiera de los candidatos participantes en la contienda electoral.
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La restricción abarca también las intervenciones oficiales, eventos públicos y espacios en los que el jefe de Estado actúa como presidente.
Asimismo, incluye el uso de su cuenta en la red social X cuando sea utilizada como herramienta vinculada a sus funciones públicas.
Además, el tribunal le ordenó abstenerse de revelar declaraciones relacionadas con un posible fraude electoral sin contar con pruebas suficientes que sustenten dichas denuncias.
En su decisión, la oficina recordó que el Consejo de Estado había emitido previamente declaraciones relacionadas con la obligación del presidente de evitar manifestaciones que pudieran interpretarse como participación en política desde su toma de posesión.
El juez también solicitó información a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes sobre posibles acciones relacionadas con presuntas conductas de intervención política del presidente.
El fallo advierte que el incumplimiento de la medida provisional podría generar consecuencias jurídicas por desacato.
En tanto, Gustavo Petro tendrá un plazo de dos días para presentar sus argumentos en el proceso antes de que el tribunal adopte una decisión de fondo sobre la tutela.
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