Un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá permitió desmantelar una planta embotelladora ilegal de agua que operaba de manera clandestina en el sector de Bosa San Bernardino, en el sur de la capital del país. El procedimiento se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Distrital y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, luego de varios meses de seguimiento e investigación.
El operativo se inició alrededor de las 5:00 de la mañana, momento en el que unidades de la SIJIN y el GOES arribaron a una casa de tres pisos que al parecer funcionaba como residencia común. Sin embargo, detrás del portón del primer nivel funcionaba una estructura adaptada como planta industrial para el procesamiento y comercialización ilegal de agua.
Funcionó detrás de un aparente garaje.
Según las autoridades, el sitio contaba con tanques de almacenamiento, sistemas de purificación y maquinaria utilizada para llenar bolsas de agua de seis litros y botellas de gran capacidad equivalentes a cinco galones.
Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.
La investigación reveló que la fábrica llevaba algún tiempo funcionando y que semanalmente producía un gran número de contenedores que posteriormente eran comercializados al público. Cada botella se vendió en aproximadamente 14.000 pesos.
Durante el allanamiento, tres personas fueron sorprendidas cuando se disponían a iniciar su jornada laboral al interior de la planta clandestina. En el lugar fueron capturados dos adultos, mientras que un menor quedó bajo resguardo de las autoridades competentes.
En medio del proceso judicial también fueron incautadas 294 botellas de agua, 1.000 tapas, 1.000 precintos de seguridad y 22 contenedores utilizados para el almacenamiento y transporte del producto. Además, la maquinaria utilizada para el atasco fue desmantelada por las autoridades.
Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.
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Usaron marcas conocidas y pagaron una tarifa mínima.
Según la investigación, uno de los delitos detectados durante el procedimiento fue la presunta usurpación de derechos de propiedad industrial, debido a que los responsables reutilizaron envases y botellas de reconocidas marcas nacionales e internacionales para distribuir el agua procesada en el lugar.
Las autoridades también identificaron posible fraude de fluidos relacionado con el consumo de agua utilizada para operar la planta.
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Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.
El inmueble se encontraba registrado dentro de una zona en proceso de normalización ante la Empresa de Acueductos, situación que le permitía pagar sólo una tarifa fija bimestral que oscilaba entre 5.000 y 10.000 pesos, independientemente de la cantidad real de agua consumida.
A las 5:00 am llegamos a esta casa en Bosa donde operaba una embotelladora ilegal de agua, que además de defraudar al Distrito (pagaban $5,000 cada dos meses), usurpaba marcas conocidas de este líquido.
Usaban grandes depósitos, depuradoras de gran tamaño, bolsas de 6 unidades… pic.twitter.com/AussIvoI0G
— Secretaría de Seguridad del BOG (@SeguridadBOG) 29 de mayo de 2026
Especialistas del Laboratorio de Aguas de la Empresa Acueducto de Bogotá tomaron muestras del líquido encontrado en la planta embotelladora para realizar pruebas fisicoquímicas y verificar si cumplía con las condiciones adecuadas para el consumo humano.
Las muestras fueron trasladadas al laboratorio y las autoridades advirtieron que, de encontrarse irregularidades sanitarias, se podrían sumar investigaciones relacionadas con posibles afectaciones a la salud pública.
En el operativo también participaron representantes e ingenieros de las empresas afectadas por el uso irregular de sus marcas.
Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.
Los dos adultos capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan los procesos por los delitos de usurpación de propiedad industrial y defraudación de fluidos. Mientras tanto, el menor quedó bajo el cuidado de la Policía de Niñez y Adolescencia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
De acuerdo con la legislación vigente, las personas involucradas podrían enfrentar penas de prisión y sanciones económicas si son declarados responsables de las conductas investigadas.
