En una nueva polémica institucional, el presidente Gustavo Petro pidió al Consejo de Estado revocar el fallo que impuso controles a sus discursos presidenciales y dio a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la facultad de autorizar y supervisar sus intervenciones en televisión.
La solicitud fue presentada por su abogado, Pedro Alejandro Carranza, quien advirtió que la decisión convierte a la CDN en una “censora previa” incompatible, según la defensa, con la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión.
Según el recurso, el fallo condiciona el ejercicio comunicativo del presidente a la autorización previa de un órgano administrativo y lo expone “con el riesgo permanente de que una entidad técnica interrumpa su voz en vivo”.
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Para el presidente, esta situación afecta directamente su deber institucional de comunicar, explicar y rendir cuentas al país, supeditando una función esencial del jefe de Estado al aval de una autoridad no elegida por el voto popular.
El documento insiste en que no está probado que las intervenciones del presidente Petro hayan reducido la diversidad de voces en los medios, ni que la CRC tenga autoridad para autorizar o vetar contenidos de carácter político.
«No está demostrado que otorgar a la CRC facultades de veto previo e interrupción en vivo sea un mecanismo ideal para garantizar el pluralismo. Por el contrario, es evidente el riesgo de que la entidad se convierta en árbitro de contenidos políticos», señala la defensa.
El Consejo de Estado deberá revisar el recurso y decidir si mantiene o revoca los controles impuestos a la figura presidencial.
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