La muerte de Kevin Acosta continúa generando polémica en el país, luego de que la Fiscalía General de la República concluyera que la muerte del menor no fue responsabilidad de su familia, sino consecuencia de una supuesta negligencia en el sistema de salud.
Según el informe del Ministerio Público, el niño de siete años falleció el pasado 13 de febrero porque la Nueva EPS no garantizó la entrega del medicamento Emicizumab, fundamental para controlar los riesgos asociados a la hemofilia.
Según la investigación, Kevin Acosta permaneció durante casi dos meses sin recibir el medicamento, situación que lo dejó en una condición médica de alta vulnerabilidad.
Inicialmente, la IPS Medicarte suspendió la entrega por falta de pagos, y posteriormente la IPS Integral no asumió el tratamiento por el mismo motivo: la falta de recursos aportados por la aseguradora.
Este hallazgo contradice la versión proporcionada anteriormente por el gobierno nacional. En ese momento, el Ministro de Salud atribuyó la muerte a un accidente doméstico, señalando que la familia debería haber impedido que el menor realizara actividades de riesgo. Incluso la Presidencia apoyó esa posición.
Sin embargo, la Fiscalía General fue enfática en señalar que la falta de tratamiento dejó al menor en una situación crítica, lo que agravó las consecuencias de una caída sufrida días antes de su muerte.
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El deceso se produjo luego de que Kevin presentara complicaciones tras un accidente de bicicleta que le provocó una fuerte hemorragia. Inicialmente fue atendido en centros médicos del Huila y luego trasladado a Bogotá, donde falleció en el hospital La Misericordia.
Ante estos hechos, el órgano de control anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el interventor de Nueva EPS, con el fin de establecer responsabilidades por faltas en la atención.
Además, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la República para realizar las respectivas investigaciones penales en contra de quienes hayan podido tener incidencia en el caso.
La Procuraduría General de la República también advirtió que al menos 2.000 pacientes podrían estar en riesgo por situaciones similares, por fallas en la continuidad de los tratamientos y entrega de medicamentos.
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