Un nuevo episodio que ha sido calificado como un presunto caso de corrupción judicial y política salió a la luz el fin de semana, tras las denuncias penales presentadas por Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia.
Según afirmó el ahora candidato a la Cámara, presuntamente existiría una red de “contratos atados” y nombramientos de familiares en entidades como Findeter y el Ministerio del Interior, que según su versión, habrían estado diseñados para garantizar el respaldo legislativo a las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La denuncia, según afirmó Enciso, involucraría presuntamente a figuras de alto nivel como el actual ministro del Interior, Armando Benedetti; el exministro Luis Fernando Velasco; la senadora Berenice Bedoya; y el secretario de Findeter, Iván Ramírez Rusinque. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen decisiones judiciales que confirmen estas acusaciones.
Lea también: Alerta nacional: Nuevo frente frío amenaza con agravar la crisis de lluvias en Colombia
Enciso ha señalado que el supuesto esquema habría incluido la oferta de cargos en el Cuerpo Nacional de Bomberos y en Finagro, así como la contratación de familiares del senador Bedoya en el Ministerio del Interior, hechos que, según su denuncia, se habrían dado en el marco del debate sobre la reforma sanitaria a finales de 2025.
El exfuncionario afirmó que tendría pruebas, entre ellas chats y testimonios de integrantes de Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), que al parecer evidenciarían negociaciones relacionadas con ampliaciones presupuestales para obras de acueducto en Yarumal, Antioquia, a cambio de apoyo político. Sin embargo, dichas pruebas deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.
Estas acusaciones han planteado interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos y el funcionamiento de los bancos de desarrollo en las regiones, aunque corresponderá a los entes de control y al sistema de justicia determinar si existieron o no irregularidades.
Más noticias de Colombia
