Minuto30.com .- Más de 7,5 millones de citaciones ilegales impuestas en el país dieron un paso definitivo a favor de los ciudadanos. El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte hicieron pública la lista oficial de las 37 organizaciones de tránsito investigadas, revelando además las fechas exactas en las que operaron sin cumplir con los requisitos técnicos legales.
Esta divulgación es clave, pues permite a los conductores verificar si la fecha de su infracción coincide con los períodos en que las cámaras (SAST) operaron sin el concepto de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología.
Las 37 Secretarías de Movilidad en el punto de mira
La investigación administrativa abarcó a autoridades de tránsito en todo el territorio nacional, detectando que operaban sin permisos, con permisos de terceros o tramitaban los requisitos cuando ya estaban multando a los conductores.
El departamento de Antioquia concentra varios de los organismos investigados en el Valle de Aburrá. Las secretarías involucradas son:
Medellín
Hermoso
Itagüí
sabana
A nivel nacional:
El listado oficial publicado por el Ministerio incluye las principales capitales y ciudades intermedias, destacando:
Bogotá
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
cartagena
Villavicencio
valledupar
Caza
Sincelejo
Soledad
Villa del Rosario
La importancia de las fechas de invalidación
El Ministerio de Transporte fue enfático en publicar los rangos de fechas específicos para cada uno de los 37 ministerios. Esto significa que sólo carecen de validez jurídica las citaciones impuestas dentro de esos plazos precisos.
Para los 5,5 millones de citaciones impagas: Si la multa se impuso en las fechas señaladas de irregularidad, el cobro debe ser cancelado del sistema por carecer de soporte técnico y legal.
Para los más de 1,5 millones de billetes ya pagados: las autoridades de tránsito que recaudaron este dinero, más de 1.050 millones de dólares, durante los períodos no autorizados, podrían verse obligadas a realizar reembolsos masivos a los afectados.
Sanciones a las agencias de tránsito
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, reiteró que esta publicación marca un hito en la defensa de los derechos de los conductores. Además de las devoluciones millonarias a la ciudadanía, los alcaldes y secretarías investigados se exponen a sanciones que equivalen al doble del monto recaudado ilegalmente, cifra que superaría los $2,1 billones, según lo estipula la Ley 2251 de 2022.
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