Después de seis días de paralización que puso en jaque la economía del oriente colombiano, finalmente hubo humo blanco en Santander. Luego de una jornada de cuatro horas en el Gobierno, el presidente departamental, Juvenal Díaz, junto a delegados del IGAC y voceros de las comunidades rurales, sellaron un acuerdo de 12 puntos para levantar definitivamente los bloqueos.
La noticia llega como un alivio para miles de transportistas y viajeros, luego de que las manifestaciones por el aumento desmedido del avalúo catastral generaran pérdidas estimadas en $120 mil millones de pesos diarios, según informes de la Andi y gremios locales.
El punto clave del acuerdo radica en la revisión técnica y logística de los ajustes catastrales en los 68 municipios afectados.
El compromiso del IGAC regional es verificar los precios de los inmuebles, cruzando información con notarios y el Sisbén para corregir las sobrevaluaciones que los agricultores denunciaron como un “abuso”.
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Además, acordaron realizar gestiones ante los alcaldes municipales para que otorguen plazos más amplios para el pago de los impuestos prediales. Para que lo acordado no quede en el papel, se fijó una reunión de seguimiento para el próximo 6 de mayo, donde se verificarán los avances en cada territorio.
En este momento comienza a normalizarse el flujo vehicular en corredores críticos como la vía Bucaramanga-Barrancabermeja, el peaje de Lebrija y el acceso al aeropuerto de Palonegro.
Asimismo, vehículos de carga pesada ya se desplazan hacia Cúcuta y Bogotá. El gobernador Díaz destacó que este modelo de concertación podría replicarse en departamentos como Cundinamarca y Boyacá, donde aún persisten las protestas.
Aunque el acta final está pendiente de la firma del ministro del Interior, Armando Benedetti, los dirigentes campesinos ya se desplazaron a puntos como Cimitarra, Simacota y El Playón para dar la orden de desalojo total, poniendo fin a una crisis que amenazaba con escasez de alimentos en la región.
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