Desde la medianoche del domingo, Colombia y Ecuador comenzaron a aplicarse mutuamente aranceles del 30% a determinados productos importados, en una escalada que marca una de las tensiones económicas más fuertes entre ambos países en los últimos años. La medida afecta el comercio bilateral que supera los 2.800 millones de dólares anuales, con un desequilibrio que favorece a Colombia: mientras el país vende alrededor de 1.800 millones de dólares a Ecuador, recibe importaciones ecuatorianas por 900 millones de dólares.
La decisión ecuatoriana fue anunciada sin previo aviso por el presidente Daniel Noboa el 21 de enero durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, argumentando que la balanza comercial es desfavorable y que Colombia no ha tomado medidas suficientes para impedir el paso de drogas a Ecuador, problema que ha generado importante violencia en el país vecino.
En respuesta, el gobierno de Gustavo Petro adoptó un paquete espejo de aranceles sobre 50 productos de Ecuador, incluidos alimentos básicos como arroz, frijoles, plátanos y azúcar; así como neumáticos, calzado, cámaras de aluminio, cilindros y alcoholes etílicos. La intención declarada es proteger la economía colombiana y presionar para que se reanuden las negociaciones entre ambos gobiernos, aunque también tiene impactos inmediatos en los precios y la disponibilidad de productos importados.
Repercusiones inmediatas y sectoriales
Antes de la entrada en vigor de los aranceles, el puente fronterizo de Rumichaca, principal paso legal entre ambos países, registraba filas de camiones de cientos de metros de largo, con transportistas intentando cruzar mercancías antes de que se aplicaran los nuevos impuestos. Esta presión sobre la logística ya estaba generando retrasos y costos adicionales para productores y comerciantes en Colombia y Ecuador.
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En el frente energético, Colombia suspendió temporalmente el suministro de electricidad a Ecuador, que había sido crítico en situaciones de emergencia, como la crisis energética de 2024. Aunque Ecuador actualmente tiene suficiente agua en sus embalses para cubrir la demanda interna, los expertos advierten que la medida podría convertirse en un problema si se repiten episodios de escasez en las centrales hidroeléctricas ecuatorianas.
Por su parte, Ecuador respondió aumentando las tarifas de transporte del crudo colombiano a través de sus oleoductos, de $3 a $30 por barril, incremento que incrementa significativamente el costo de la operación exportadora de Ecopetrol y podría afectar la continuidad de su transporte a los mercados internacionales.
El impacto en los bienes comerciales también se refleja claramente: Ecuador verá aumentar el precio de los medicamentos y productos de higiene importados de Colombia, mientras que Colombia enfrentará costos más altos para los alimentos y mariscos de Ecuador. La tensión podría traducirse en una reducción de la disponibilidad, retrasos logísticos y aumentos generalizados de los precios, afectando tanto a las empresas como a los consumidores.
Sindicatos y autoridades coinciden en que, sin una solución negociada, estas medidas podrían prolongar la incertidumbre económica y complicar la relación bilateral, con consecuencias que van más allá del comercio y podrían impactar los precios, las cadenas de suministro y la confianza empresarial.
