La Fiscalía General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por presuntas irregularidades relacionadas con la liberación de Francisco Javier Zuluaga Lindo, conocido como alias “Gordo Lindo”, hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2022 en el Complejo Carcelario y Penitenciario Bogotá – La Picota.
La medida afecta al entonces director del penal La Picota, Horacio Bustamante, al funcionario del área jurídica Fabián Solano, así como al celador Wiliam Salas.
La Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos los investiga porque al parecer los funcionarios habrían autorizado la liberación del interno sin verificar adecuadamente en las bases de datos judiciales la existencia de procesos, órdenes de aprehensión y medidas de seguridad vigentes, procedimiento que constituye un deber obligatorio en el proceso de liberación.
La Fiscalía General también demostró que aparentemente existían antecedentes judiciales, condenas y amparos judiciales activos en contra de Zuluaga Lindo al momento de su salida del centro penitenciario.
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Asimismo, se conoció que un día antes de la liberación, la Fiscalía General de la República había enviado información sobre una orden de aprehensión relacionada con el delito de tráfico de estupefacientes agravado, en la que se indicaba que el interno debía permanecer privado de su libertad. Asimismo, dentro del expediente se estableció que un habeas corpus presentado a favor del interno había sido negado por un juez penal, por lo que no existía orden judicial de libertad inmediata que justificara su liberación.
Ante los hechos descritos, la Fiscalía General considera que la conducta investigada podría constituir una falta disciplinaria muy grave, cometida como consecuencia de negligencia muy grave relacionada con la posibilidad de facilitar o dar lugar a la fuga o liberación irregular de una persona privada de libertad.
El Ministerio Público destacó que esta acción busca proteger la legalidad, la moral administrativa y la confianza ciudadana en el sistema penitenciario, así como garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.
