La situación de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, ha escalado a niveles diplomáticos sin precedentes luego de que su nombre fuera incluido recientemente en la lista de Ofac, también conocida como Lista Clinton.
Este estatus, que comparte con el presidente Gustavo Petro, su hijo mayor Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha generado un bloqueo casi total para que Alcocer regrese al país.
La Casa de Nariño ha intentado sin éxito reservar pasajes aéreos para la primera dama. Varias aerolíneas han cancelado automáticamente cualquier reserva asociada con su nombre, incluso las realizadas por terceros, debido a estrictas restricciones financieras relacionadas con la Lista Clinton.
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Ante esto, el Gobierno evalúa dos rutas principales. El primero es diplomático: un eventual viaje oficial del presidente Petro a Suecia, en plena nominación al premio Right Livelihood, que permitiría subir a Alcocer al avión presidencial.
La segunda opción es aún más compleja. Se trataría de que Alcocer viajara por tierra desde Estocolmo a Moscú, un recorrido de 1.443 kilómetros y más de 25 horas en invierno, para intentar abordar un vuelo de Aeroflot, aerolínea rusa que opera fuera de la infraestructura financiera bajo jurisdicción estadounidense. Desde allí podría continuar hasta La Habana y luego hasta Bogotá en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana.
Las sanciones han afectado incluso a la seguridad del presidente. Petro afirmó recientemente que se suspendió el mantenimiento del helicóptero presidencial, lo que, según él, limita el regreso aéreo de “La madre de mi hija menor”.
Mientras tanto, el Gobierno estudia rutas alternativas para garantizar el regreso de Alcocer, un episodio que expone la magnitud real de las sanciones y el desafío de gestionar simultáneamente crisis familiares, diplomacia internacional y restricciones financieras sin precedentes.
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