Luego de más de 36 horas de incertidumbre y tensión en el departamento del Chocó, las autoridades confirmaron la liberación de los 18 militares del Ejército Nacional que habían sido retenidos en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato.
Los uniformados quedaron en poder de miembros de una comunidad indígena, en un hecho que el Gobierno Nacional atribuyó a la presunta instrumentalización del ELN.
La liberación se produjo la noche del pasado lunes 22 de diciembre, luego de una prolongada mediación encabezada por una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, representantes de la Iglesia Católica, el Ministerio del Interior y autoridades departamentales y municipales.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el hecho a través de sus redes sociales y aseguró que los militares se encuentran en buen estado de salud.
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En su declaración, el funcionario rechazó el uso de comunidades civiles por parte de grupos armados ilegales y reiteró que no existen territorios cerrados a la Fuerza Pública.
Según información oficial, los militares pertenecen a la Brigada XV del Ejército Nacional y realizaban operativos contra el Grupo Armado Organizado ELN cuando fueron rodeados por miembros de la comunidad indígena de Río Claro, en el resguardo La Puria, territorio del pueblo Embera Katío. Según las autoridades, en la incautación participaron cerca de 200 personas.
La Séptima División del Ejército indicó que la rendición de los soldados se logró luego de aproximadamente cuatro horas de diálogo directo con la comisión humanitaria y líderes comunitarios, evitando una escalada de violencia en la zona.
Una vez liberados, los uniformados iniciaron su traslado a Quibdó, donde fueron evaluados por personal médico.
El Ministerio de Defensa anunció que presentará denuncias penales por los delitos de secuestro y obstrucción de cargos públicos, así como por la difusión de información personal de soldados durante su detención, que (según advirtieron) ponía en riesgo su integridad.
Finalmente, el Ejército reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y aseguró que continuará desarrollando operaciones en la región para garantizar la seguridad y el control territorial, pese a este tipo de eventos.
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