Minuto30.com .- En un giro histórico, pero profundamente controvertido, los últimos líderes de las extintas FARC-EP reconocieron este lunes su responsabilidad en el reclutamiento, abuso sexual y otras humillaciones, así como el uso sistemático de 18.677 menores durante el conflicto armado.
Pese a admitir crímenes de lesa humanidad que incluyen abusos sexuales, abortos forzados y torturas, la dirigencia guerrillera evitaría la prisión ordinaria, aprovechando las llamadas “sanciones propias” de la justicia transicional.
El reconocimiento: 18.677 infancias destruidas
Luego de años de negación, la exsecretaría, encabezada por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, aceptó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el grupo insurgente convirtió el reclutamiento de niños en una política de guerra. Según los datos del Caso 07:
Política sistemática: 9.870 menores entre 15 y 17 años fueron reclutados bajo lineamientos formales.
Violación de tus propias reglas.: 5,691 niños tenían 14 años o menos al momento de ser vinculados a las filas.
Daño irreparable: Londoño admitió que el reclutamiento derivó en homicidios, interrupciones forzadas del embarazo y violencia de género que “generaron grandes daños físicos y psicológicos que aún persisten”.
Controversia sobre las penas: ¿justicia o impunidad?
El debate nacional se centra en las sanciones que recibirán estos cabecillas por crímenes de tal magnitud. Al igual que en la sentencia por los 21.396 secuestros (Caso 01), los siete exjefes guerrilleros –Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Parra– recibirán la Sanción Máxima Propia.
¿En qué consiste la pena?
En lugar de cumplir décadas de prisión por crímenes de guerra, los condenados cumplirán ocho años de trabajo restaurativo. Esto incluye:
Proyectos de búsqueda de personas desaparecidas.
Trabajos de desminado humanitario.
Tareas de recuperación ambiental.
Actos de memoria y reparación simbólica.
El impacto de “Mea Culpa”
Para muchos sectores de la sociedad civil y de las víctimas, estas sentencias resultan irrisorias comparadas con la gravedad de los hechos confesados. Si bien los excomandantes trabajarán en proyectos sociales durante menos de una década, miles de jóvenes que pasaron por sus filas quedaron con sus “trayectorias de vida profundamente alteradas”, muchos de ellos nunca regresaron a sus hogares.
Sin embargo, para la JEP, este modelo es el “hito judicial” necesario para obtener la verdad que la justicia ordinaria nunca pudo documentar. Por primera vez se conoce la evolución de las prácticas y políticas atroces que hicieron posible el horror del reclutamiento infantil en Colombia.
El 10 de agosto de 2021, la JEP estableció que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las FARC-EP; La Corte anunció que se analizarán tres grupos de conductas asociadas al reclutamiento: violencia sexual y de género; desapariciones forzadas y homicidios, torturas, tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos. La Sala también determinaría si estas conductas, cometidas en el marco del reclutamiento de niños y niñas, constituyen crímenes internacionales.
