Las palabras expresadas por el Presidente de la República de Colombia en una red social de amplia difusión requieren y exigen una respuesta institucional oportuna, clara y contundente del Consejo de Estado al que hoy se dirigen las señales. amentos.
El tono incendiario del presidente no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio reflexivo que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean acabar, en lugar de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en ésta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes. Preocupan las declaraciones del Presidente de la República y de otros jefes del sector ejecutivo.
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La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de derecho que el país ha construido y defendido y se traducen en acusaciones y acoso contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar.
La libertad de expresión, cuyo ejercicio garantiza nuestro ordenamiento jurídico y protegen los jueces de la República, no puede ser invocada para construir mensajes que privilegien el impacto, y que no sólo pongan en peligro la integridad institucional, sino que amenacen la integridad física de personas que, al tomar decisiones basadas en el ordenamiento jurídico, se pretenden judicializar y se califican como transgresores del mismo sistema que defienden.
Cuando se controlan los poderes resulta incómodo, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A mayores poderes, mayores controles, a poderes desbordantes, controles efectivos e inmediatos.
El control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías. La existencia, facultades y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la propia Constitución Política, es decir, provienen directamente de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca.
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