La representante a la Cámara Katherine Miranda presentó una delicada denuncia contra el gobierno del presidente Petro por la adjudicación de contratos de publicidad estatal por valor de $71.893 millones de pesos, firmados pocos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales.
Según la congresista, entre el 26 y el 30 de enero de 2026 se realizó una contratación oficial “millonaria y acelerada” “en medio de una emergencia económica y ambiental y a pocas horas de la entrada en vigor de la Ley de Garantías”, norma que prohíbe la contratación directa meses antes de las elecciones para evitar el uso del presupuesto público con fines electorales.
«Fue un contrato directo, manual, acelerado y muy concentrado. Cerca del 90% de esos recursos quedaron en una sola entidad, RTVC, con más de $64.000 millones adjudicados en cuestión de horas», dijo Miranda, quien reveló que fueron 12 contratos los que concentraron esa millonaria suma hacia el sistema de medios públicos.
El legislador hizo una comparación con el mismo periodo electoral de hace cuatro años. “En la misma semana de enero de 2022, el gobierno de ese momento otorgó alrededor de $1.500 millones a RTVC, mientras que en 2026 la cifra superó los $64.000 millones, lo que representa un aumento de más del 4.000% en el mismo período y hacia la misma entidad”, reveló.
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Miranda advirtió que estos contratos incluyen campañas, estrategias de divulgación institucional y planes de medios de varias entidades nacionales.
Los recursos provienen de diferentes carteras gubernamentales: $14,5 mil millones del Fondo Único para Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, $10,6 mil millones del Ministerio de Educación, $6,8 mil millones del Ministerio de Salud y casi $8,0 mil millones del Ministerio de Justicia, entre otros.
«Firmar más de 70 mil millones de pesos en propaganda institucional justo antes de la Ley de Garantías, mientras el país atraviesa una emergencia económica y social, es una falta de respeto a los colombianos. La directriz institucional no puede convertirse en una herramienta de promoción política en un año electoral», afirmó la congresista.
Miranda aseguró que había trasladado la denuncia a la Contraloría y a la Procuraduría General de la República para que determinen si existió un presunto mal uso de recursos públicos con fines políticos.
«Los recursos públicos pertenecen a los ciudadanos, no a los gobiernos de turno. La comunicación institucional no puede usarse para hacer campaña disfrazada de información. Los colombianos merecemos claridad y respeto a las reglas», afirmó Katherine Miranda.
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