La Procuraduría General de la República acusó formalmente a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y de Gobernación, Luis Fernando Velasco Chaves, como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la ejecución de contratos y cohecho para dar u ofrecer.
Los exfuncionarios están acusados de convocar reuniones, dar lineamientos y seguimiento a proyectos de inversión directa en el Instituto Nacional de Vialidad (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en beneficio de los congresistas, con el fin de asegurar su apoyo a iniciativas gubernamentales en el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de tres momentos. Entre junio y septiembre de 2023 habrían intervenido indebidamente 78 contratos (73 en Invías y 5 en la UNGRD), que ascendieron a 612.000 millones de pesos, siete de los cuales se concretaron.
Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2023, presuntamente intervinieron tres procesos contractuales en la UNGRD que tenían como objetivo mitigar y atender emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el distrito de El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por un valor de 86.619 millones de pesos. Estos negocios no se concretaron, pero los congresistas beneficiados deliberaron y aprobaron 17 notas de crédito de deuda a favor del gobierno nacional.
Finalmente, se les atribuye haber mediado ilegalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, para que un contrato de la UNGRD que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), y comprometido 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas relacionadas con un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se concretó.
