La polémica por el decreto de emergencia económica y social emitido por el gobierno nacional el 22 de diciembre continúa escalando en el escenario político, justo cuando el país ingresa a la última semana del año.
Para este lunes 29 de diciembre estaba previsto un debate de control político en el Congreso de la República; Sin embargo, los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro no asistirán a la convocatoria.
La decisión se conoció luego de una sesión virtual extraordinaria celebrada el pasado viernes 27 de diciembre, en la que el Senado aprobó convocar a todos los ministros para explicar los alcances, fundamentos y consecuencias del decreto que declara el estado de emergencia económica y social en Colombia. Sin embargo, el Ejecutivo decidió no asistir argumentando que no se cumplieron los tiempos legales para responder el cuestionario previo al debate.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la convocatoria presenta errores formales y no respeta el plazo de cinco días que, según la normativa vigente, tienen los ministros para responder preguntas del Congreso.
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Según Benedetti, la invitación enviada por el Legislativo llegó con inconsistencias en la fecha y no contempla el plazo mínimo que exige la ley.
“No pueden citar antes del vencimiento de este plazo”dijo el titular de la cartera política, explicando que el Gobierno considera inadecuado asistir al debate en estas condiciones. La posición habría sido adoptada conjuntamente por todos los miembros del gabinete ministerial.
La ausencia anunciada generó fuertes reacciones en sectores de la oposición y del Congreso, que esperaban que el Ejecutivo rindiera cuentas por una medida considerada excepcional y de alto impacto económico y social. Algunos congresistas advirtieron que, pese a la ausencia de los ministros, el Legislativo avanzará en el análisis y control político del decreto.
El decreto de emergencia económica faculta al Gobierno para dictar normas con fuerza de ley y realizar ajustes presupuestarios con el objetivo de afrontar una crisis fiscal que, según el Ejecutivo, no puede resolverse con mecanismos ordinarios.
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