El informe Democracia Secuestrada, de la fundación Paz y Reconciliación muestra que de los 280 congresistas que asumirán el 20 de julio su cargo, 42 están investigados.
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Por parapolítica siete de ellos. Por su relación directa o familiar con involucrados con el cartel de la toga, cuatro. Por contratos como funcionarios públicos, seis. Por el caso Odebreht, otros seis. Dos más por negocios en paraísos fiscales y Como herederos del poder político de los ya condenados, otros 17.
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