El Consejo de Estado volvió a presionar a la Presidencia de la República para que entregue la documentación relacionada con el polémico 'tarimazo', el suceso en La Alpujarra que dejó en el punto de mira a la senadora Isabel Zuleta por su presunto papel en la salida irregular de líderes de bandas criminales del penal de La Paz en Itagüí.
Esta es la tercera vez que el alto tribunal solicita la información, que es clave para el proceso de pérdida de investidura contra la congresista del Pacto Histórico.
Según la Corte, la Casa de Nariño aún no entrega dos documentos esenciales: la resolución 138 del 29 de mayo de 2023, con la que se instaló la estrategia conocida como Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, y la resolución 452 del 8 de noviembre de 2024, donde se designó a los representantes del Gobierno en el Espacio de Conversación Sociojurídica.
Ambos expedientes permitirían establecer quiénes realmente tenían la facultad de solicitar movimientos penitenciarios.
Para los demandantes, entre ellos William Quintero, Zuleta habría actuado sin competencia al solicitar al INPEC que nueve dirigentes salieran para asistir al evento con el presidente Gustavo Petro el 21 de junio de 2025. Según Quintero, esa tarea correspondía al coordinador de la mesa, Jorge Iván Mejía Martínez, y no al senador.
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El caso involucra a nombres criminales de alto perfil como Douglas, Carlos Pesebre, Tom y Vallejo, todos identificados como figuras históricas de estructuras como La Oficina de Envigado. Su presencia en el acto público generó uno de los escándalos políticos más fuertes del año.
La falta de documentos por parte del Ejecutivo mantiene en vilo la investigación. El Consejo de Estado reiteró que sólo convocará a audiencia cuando reciba la información completa y pueda cotejarla con el resto de pruebas del proceso.
El episodio del 'tarimazo', que por primera vez mostró al presidente junto a líderes de bandas criminales, sigue siendo un punto crítico para el Gobierno, al que se acusa de obstaculizar la entrega de información clave.
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